El presente estudio de caso tiene como objetivo analizar la independencia de los organismos antimonopolio en Chile, con el fin de determinar los elementos que la favorecen o debilitan y su impacto en el logro de la misión de defensa de la libre competencia. Asimismo, se estudiaron los cambios en el grado de independencia del sistema chileno en virtud de la última reforma al Decreto Ley 211 que tuvo lugar el año 2009.La metodología consistió en una descripción y análisis del caso chileno, el que se comparó con Estados Unidos, Unión Europea y Brasil, de manera de poder evaluar propuestas para mejorar la independencia de nuestro sistema de competencia. Sin embargo, se observó que las agencias antimonopolio extranjeras pertenecen al poder ejecutivo, lo que implica dependencia presupuestaria del gobierno, aún cuando son declaradas como agencias “autónomas”.Este análisis se complementó con la aplicación de una entrevista de corte semiestructurado a profesionales destacados, ligados al ámbito de la libre competencia de los sectores público, privado y académico, con el fin de obtener sus opiniones respecto a la independencia de los organismos antimonopolio.Como resultado de ello, se obtuvo que el sistema chileno de libre competencia ha ido evolucionando desde sus orígenes hacia más independencia, siendo clave las dos últimas reformas a la normativa de libre competencia, reconociéndose, sin embargo, factores de riesgo como:La dependencia presupuestaria de la FNE frente a eventuales presiones políticas.El posible conflicto de interés que afecte a los funcionarios pertenecientes tanto a la FNE como al TDLCPara el primero de ellos, se concluye que no existe resguardo alguno, lo que se profundiza con la inexistencia de una alternativa de financiamiento al propio Estado. En dicho contexto, cualquier otra opción supone el replanteamiento del rol ejecutor de política pública que posee la FNE.En el segundo caso, aún cuando las últimas modificaciones a la normativa cambiaron la condición del cargo de Fiscal como funcionario de exclusiva confianza del Presidente de la República y se reforzó la dedicación de los integrantes del TDLC, queda pendiente la discusión sobre cómo procedimentar y transparentar los procesos de investigación y resolución de casos.