Entre las políticas energéticas ha adquirido creciente importancia la noción de "seguridad energética", es decir, garantizar la continua disponibilidad de energía, en variadas formas y cantidades, y a precios razonables. La seguridad energética ha evolucionado desde visiones geoestratégicas, pasando por la desregulación de los mercados, hasta incorporar el concepto de desarrollo sustentable y de políticas energéticas acordes con este, incorporando así una idea más amplia de seguridad.  Sin embargo, tanto a nivel de algunas economías del APEC como a nivel latinoamericano, persisten enfoques restrictivos asociados a visiones tradicionales de la seguridad nacional o, en caso contrario, a la simple desregulación de los mercados para reemplazar monopolios energéticos y a fomentar la cooperación energética, pero sin llegar ninguno de ellos a una visión integral del problema. Por su parte, los criterios consensuados en el APEC, desde que la seguridad energética se incorporó como tema en 2001, han buscado orientar los esfuerzos en dos sentidos: responder a interrupciones transitorias del suministro y proponer políticas de largo plazo (prácticas y políticamente aceptables). El proceso se ha reforzado por la preocupación creciente por el tema del terrorismo. En este contexto, se hace necesario, por lo tanto, evaluar la noción de "seguridad energética" y adoptarla a las necesidades nacionales y con el tiempo a la realidad latinoamericana. Esto, sobre la base de la aplicación de seguridad energética que asegure el abastecimiento energético requerido por el país para proseguir su desarrollo económico y social, asegurando la eficiencia del desarrollo energético, la protección del medio ambiente mediante una política que privilegie la sustentabilidad, la elaboración de marcos regulatorios adecuados y la contribución al objetivo de equidad social. Esto último, sin dejar de lado criterios de seguridad regional y nacional como elementos complementarios y no contradictorios con lo anterior.