En el presente Estudio de Caso se hace un análisis de las distintas fases de las políticas públicas que ha recorrido la Alianza por la Calidad de la Educación, en un periodo que comprende agosto del 2008 a abril del 2009. La metodología utilizada contempla tanto la descripción - a partir de la narración del caso - como el análisis del mismo a través de distintas corrientes teóricas: agenda, ventana de oportunidad, ciclo de políticas públicas.El análisis da cuenta cómo la Alianza por la Calidad de la Educación, entendida como una política cuyo propósito está implícito en su nombre; pese a que da respuesta a una preocupación generalizada de los actores involucrados, no se ha podido consolidar como política de Estado. Su lanzamiento el 15 de mayo del 2008, no fue resultado de una propuesta de diálogo con otros actores sino producto de un acuerdo tomado al más alto nivel, lo que puso en evidencia la fuerte relación entre el gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Algunos organismos recibieron con beneplácito la propuesta, como la OECD, el BID, sin embargo otros grupos, como el magisterio de los estados, expresaron un rechazo abierto a la misma, al extremo de cerrar las escuelas por más de tres meses. También fue objeto de numerosas críticas y cuestionamientos por parte de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación que reúne a la disidencia sindical.Aunque el Secretaría de Educación y el Sindicato, insisten en impulsarla, a pesar del descontento generalizado que ha provocado, el camino que tomará la Alianza no está claro. Este pacto posicionado por encima del Programa Sectorial de Educación, que traía consigo el gobierno federal 2006 – 2012, tiene un futuro incierto y, con el tiempo, parece que se diluirá para convertirse en un intento más por reformar la educación básica en México.Sin embargo, a lo largo de todas sus fases ha mantenido algo positivo que es imprescindible rescatar; existe un alto interés y atención pública en la educación. Dicho tema logró concentrar e involucrar a actores diversos y provenientes de distintos ámbitos. Esto, aunque no es una condición suficiente para alcanzar el éxito esperado, por lo menos sienta las bases de una nueva forma de hacer política pública en México.Es por ello que entre las recomendaciones que se derivan de la presentación de este caso, se destaca la relevancia que tiene mantener el consenso y la participación entre actores, lo que implica realizar acciones mínimas, como convocarlos, consultarlos y brindarles información, aunque estas parezcan acciones engorrosas. Este es un claro ejemplo de que se deben saber aprovechar todos los espacios de diálogo y negociación que existen para tratar de mantener avante la política que está inserta en la agenda del gobierno. La participación es un tema muy demandado por todos los actores, por lo que se requiere construir y en su momento consolidar las bases de los espacios necesarios para el debate y la aprobación de acuerdos que aglutinen las buenas intenciones y las traduzcan en programas concretos con metas específicas.