En los últimos veinte años, Chile ha ratificado varias convenciones internacionales en las que se han reconocido un amplio catálogo de derechos a los niños, las niñas y los adolescentes, incluidos dentro de ellos, aquellos y aquellas con discapacidad. En este contexto, algunas de las respuestas dadas desde la política pública a las necesidades y al bienestar de este grupo vulnerable han girado en torno a la articulación de actores públicos como privados, los cuales se han coordinado para el diseño y la ejecución de planes, programas y acciones en su favor.En este escenario de articulación de actores en torno a iniciativas de política, algunas de las preguntas que guían esta investigación son: ¿cómo opera la política pública orientada hacia la infancia con discapacidad y cuál es su vinculación con el ámbito privado sin fin de lucro? En este proceso de articulación público – privado, ¿se generan espacios de corresponsabilidad efectiva entre el Estado y la Sociedad Civil en este plano específico de la política pública? Por último busca responder cuáles son las áreas que destacan en el encuentro público - privado en términos de su contribución a la mejora de condiciones para el desarrollo de la política pública de la infancia con discapacidad.Para dar respuesta a estas preguntas, se utilizó una metodología que combina instrumentos cualitativos y cuantitativos. En el primer caso, se analizó el discurso de varios expertos respecto del surgimiento del vínculo público – privado y sus características en materia de infancia con discapacidad. En una segunda instancia se empleó la metodología multicriterio de Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) con el objeto de determinar qué ámbitos se deben priorizar en el acercamiento público – privado, desde su implicancia para las políticas públicas de infancia con discapacidad.Los hallazgos de la investigación indican que este acercamiento de actores opera en un escenario compuesto por un fuerte componente institucional apoyado por otros de tipo organizacional y financiero los cuales interactúan entre sí al momento de la intervención, siendo complejo observarlos desde un enfoque independiente. Por su parte, se concluye que si bien existen percepciones diferenciadas respecto a la corresponsabilización, en términos generales ésta toma la forma de delegación de tareas de ejecución de la política pública a la Sociedad Civil con base en la transferencia de recursos en tanto es ésta quien posee gran parte del conocimiento y experiencia en el trabajo con discapacidad infantil.Algunas de las conclusiones del estudio son que, en términos generales, existe una necesidad de formalizar espacios de interlocución que permitan un diálogo fluido entre el Estado y la Sociedad Civil; a nivel específico, en el plano institucional, se requiere una mayor difusión de instrumentos regulatorios como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; en el ámbito organizacional se debe priorizar la capacitación del personal que interviene en discapacidad infantil. Finalmente, en la dimensión financiera se evidenció que las subvenciones destacan por sobre otras modalidades de transferencia de recursos permitiendo lograr mayor estabilidad y continuidad en las políticas orientadas a este grupo vulnerable.Algunas de las recomendaciones que surgen de este estudio, son crear espacios formales de interlocución como, por ejemplo, observatorios de los avances de este plano de política; fortalecer la capacitación del recurso humano que interviene en el ámbito de la política pública; y la creación de un ente que canalice la oferta y la entrega de financiamiento resguardando criterios de calidad en la asignación de los recursos para el desarrollo de políticas de infancia con discapacidad.