Esta publicación representa otra forma de reconocimiento a las víctimas de esta región. No sólo a las que fueron asesinadas y desaparecidas en enero de 1999, sino al conjunto de la población civil que ha sido - objeto - de una sistemática violación a los derechos humanos tanto por grupos de guerrilleros (FARC - EP) y paramilitares (AUC), como por parte de la fuerza pública (Ejército y Policía). Ahora, la violación a los derechos humanos en Putumayo no sólo está asociada a las acciones violentas de los actores armados (masacres, asesinatos, ejecución extrajudicial, desplazamientos, desaparición forzada, amenazas, reclutamiento), sino también a las lógicas de presencia del Estado en esta región del país, que ha priorizado el componente militar sobre la garantía de los derechos sociales, económicos y políticos de la población, desatendiendo por ejemplo, el acceso a la salud, la educación, el saneamiento básico o la generación de condiciones para el desarrollo regional. En el Bajo Putumayo, el Estado se ha limitado al cuidado de las inversiones petroleras, a la ejecución de acciones de control territorial y ha omitido su responsabilidad de proteger a la población civil