La creciente vinculación de Internet con todas las actividades diarias hace que su uso sea cada vez más frecuente y necesario. Por lo mismo, su regulación se ha convertido en un elemento fundamental para el ordenamiento jurídico. Sin embargo, la naturaleza de Internet ha convertido esta regulación en un campo de difícil consenso, debido, principalmente, a las características particulares y únicas que presenta este medio de comunicación. Básicamente, nos referimos a la rapidez, universalidad y libertad de los contenidos que pueden circular por la red. En este sentido, hay que pensar que un contenido que se encuentre en la Internet puede multiplicar su difusión en cuestión de segundos por el sólo objeto de recibir visitas o copias del mismo. Más aún, también Internet hace posible que un contenido permanezca en la red más del tiempo deseado, o dicho en otras palabras, que una vez en ella sea muy difícil su eliminación por completo. Es por los motivos anteriores que los diversos ordenamientos jurídicos se han abocado a encontrar la manera de regular y vigilar el funcionamiento de la red. Sobre todo cuando se trata de proteger bienes jurídicos de orden superior, donde normalmente está involucrado un interés social o, incluso, mundial. Así sucede por ejemplo, con la protección que se hace en cuanto a los delitos comunes que se valen de Internet para su cometido. Pero esta labor también tiene sus barreras. De este modo, se debe tener siempre presente que Internet es un medio de comunicación. Ello no sólo implica que se deban respetar las garantías mínimas dadas a cualquier medio masivo, sino que, además, debe tomarse en cuenta la facilidad que promueve la red en cuanto a sus costos y beneficios para sus usuarios. Así se plantea como un medio universal que se ha desarrollado en gran medida en base a los bajos costos de ingreso y sus grandes beneficios en rapidez, eficiencia y calidad. Se han suscitado, en este contexto, nuevos problemas que el derecho ha de responder. Nuevos desafíos que requieren adecuar las protecciones a las garantías fundamentales en este nuevo entorno virtual. La presente investigación trata el tema de la colisión de derechos que puede ocurrir al momento de enfrentar la privacidad de los usuarios de Internet versus el tratamiento de sus datos. Si bien hasta hace algunos años atrás las actividades cotidianas de las personas no tenían directa relación con la red, en la época en que vivimos una porción sustancial de nuestras actividades cotidianas, como son el trabajo, los momentos de esparcimiento y ocio e, incluso, la interacción personal tienen lugar en el mundo virtual. Esto ilustra lo importante que resulta la protección de un derecho esencial que, hasta ahora, no se ha estudiado con la profundidad adecuada, nos referimos al derecho al anonimato. Este trabajo pretende cuestionar hasta qué punto se pueden sacrificar los derechos del usuario en diversas hipótesis de riesgo. Se quiere analizar cómo y bajo qué circunstancias es posible intervenir las comunicaciones de las personas y guardar registros de las mismas. Si se cumple con guardar el registro de los inicios y términos de las comunicaciones o es admisible guardar un registro de los contenidos de dichas comunicaciones. Lo anterior teniendo como base el derecho al anonimato del usuario en la red. Para efectos de nuestro análisis, partimos con una reseña histórica sobre los derechos de intimidad y privacidad, desde la comisión Ortúzar hasta conceptos doctrinarios de los mismos. Posteriormente, nos enfocaremos al estudio del derecho al Anonimato, particularizando en su fundamento, contenido y expresiones normativas del mismo. Como se trata de una discusión de reciente data, creemos necesario hacer comparaciones con legislaciones extranjeras. Para casos de estudios, haremos un análisis a la Ley de Pedofilía en cuanto a las obligaciones de guardar registro por los proveedores de acceso a Internet, y la Ley de Propiedad Intelectual, teniendo en cuenta el tratado de libre comercio con Estados Unidos, en lo relativo a la materia. Con la finalidad de establecer el estándar de privacidad de los ISP, se establecerán hipótesis de riesgo, ya no sólo en relación a la investigación penal, sino a diversas situaciones que comprenden desde la perspectiva civil de la protección a la intimidad hasta las hipótesis contractuales. Luego, analizaremos el conflicto que se da entre los diversos intereses que se pueden esgrimir para proceder a establecer registros y los derechos fundamentales de los usuarios, ya sea de intimidad, privacidad o autodeterminación informática. Finalmente, se harán conclusiones en base a una visión crítica a la legislación actualmente vigente en nuestro país y a los planteamientos de la doctrina y jurisprudencia